Aumenta la tensión en Huánuco por autorización de venta de Chaglla

Representantes del Ejecutivo manifestaron su confianza en que la mesa de trabajo convocada por el caso de la central hidroeléctrica Chaglla, ubicada en Huánuco, arribará a una solución dialogada a la controversia planteada por algunas organizaciones sociales de esa región por temas vinculados al proceso de autorización de venta de la central, el canon hidroenergético de la región, entre otros”, comunica el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

En la reunión convocada por la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del MEM, y realizada el pasado 2 de abril en la ciudad de Lima, participaron los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía y Finanzas, Pro Inversión y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

En tanto, los representantes de la sociedad civil de la región Huánuco, entre ellos, del Frente Patriótico Regional de Huánuco y de la Comisión por la Dignidad y Recuperación de la Central Hidroeléctrica Chaglla, no se presentaron a la segunda cita de la mesa de trabajo que atiende el caso de la mencionada obra energética.

A pesar de ello, el equipo multisectorial del Gobierno central dejó constancia de su voluntad de mantener el diálogo como la única vía que permitirá construir los suficientes consensos con las fuerzas sociales huanuqueñas.

En ese afán, se ha solicitado a la Presidencia del Consejo de Ministros participar en las próximas actividades a desarrollarse, cuyas fechas están aún por definirse. Cabe precisar que, la primera convocatoria fue el pasado 15 de marzo en el Colegio de Ingenieros de Huánuco.

En noviembre, tras algunos meses de negociaciones, la brasileña Odebrecht acordó la venta de la central hidroeléctrica Chaglla a un consorcio liderado por la estatal China Three Gorges Corporation (CTG).

La venta se habría cerrado por al menos US$ 1,200 millones, trascendió en ese entonces. De este monto, US$582 millones irían al pago de deudas tributarias, financieras y laborales de las que se hará cargo CTG y alrededor de US$319 millones se destinarán al pago de la reparación civil al Estado Peruano por los daños ocasionados debido a los casos de corrupción de la firma.

Autor: Jean Pierre Fernandez (jpfernandez@prensagrupo.com)