En un conflicto los ministros humanamente también temen

En un conflicto los ministros humanamente también temen

Tres exministros de Energía y Minas nos cuentan sus experiencias con las comunidades, conflictividad y negociación.

 

(Tomado de la edición 23 de Energiminas / Junio 2013)

Miraflores. Mañana de un sábado. «Pudimos haber resultado heridos, pudimos haber sido secuestrados. Están los videos», nos indica Carlos Herrera Descalzi. Camisa de cuadros, chaqueta de cuero marrón, pantalón caqui, cabello blanco y grueso. Muchas fotos familiares.

Herrera yace en un sofá de cuero, con la nuca apoyada en el respaldo y las piernas cruzadas, en su sala de visita. Acaba de llegar de «una reunión». Ya lo sabíamos pues, al llegar a su domicilio, nos pidieron que lo esperáramos: «Está en una reunión, no tardará mucho. Le traeré un par de revistas para que lea mientras aguarda al señor», nos dijo una señorita.

—¿No exagera, señor Herrera?

—Vea los videos. Un momentito, ahora vuelvo—, Herrera se pone de pie, tira de su pantalón y luego enrumba hacia un lugar desconocido.

***

Noviembre del 2011. Carlos Herrera Descalzi es el ministro de Energía y Minas de Ollanta Humala. Ha llegado a Andahuaylas junto a Miguel Caillaux, ministro de Agricultura, el viceministro del Ambiente, José de Echave, y un especialista de la Autoridad Nacional del Agua, la comisión de alto nivel.

Andahuaylas, acantonada entre una cadena de montañas, fue la cuna de los aguerridos chancas. Algún gen de este pueblo debe haber quedado recesivo en los ácidos nucleicos de los andahuailinos pues,  siglos después, el primer día del 2005, ahí también se dio el tristemente famoso «andahuaylazo» encabezado por Antauro Humala Tasso –hermano del hoy presidente de la República– quien continúa preso a causa de la muerte de tres policías como resultado de la penosa asonada.

Seis años después, Andahuaylas se paraliza los primeros días de noviembre. Las gentes salen a las calles a protestar contra la minería, a renegar de ella. Exigen, principalmente los agricultores (la Junta de Usuarios de Riego), que el Gobierno emita un decreto supremo que declare zona de exclusión minera a las provincias de Andahuaylas y Chincheros. Luego de varios días de palos, piedras y bombas lacrimógenas, el 10 de noviembre aterrizó un avión en el aeropuerto de la ciudad con Carlos Herrera Descalzi, Miguel Caillaux, José de Echave, el especialista de la ANA y los miembros del cuerpo de seguridad a bordo. Cuando la vibración de la nave se desvaneció y los tripulantes, a través de un amplificador, anunciaron la temperatura, la humedad, la altitud, la fecha y la hora, una punzada en el corazón le comunicó a Herrera Descalzi que había sido una mala idea ir a Andahuaylas, pero el entonces ministro la ignoró.

“Lo primero que noté en la carretera que va del aeropuerto a la ciudad de Andahuaylas era que habían movido las piedras. No estamos hablando de piedras pequeñas, estamos hablando de semejantes piedras que necesitarían de, por lo menos, unos cuatro hombres para moverlas”, cuenta.

La comitiva ingresó a la ciudad en camionetas todoterreno. A ambos lados del camino, un callejón humano –varones, mujeres y niños– intentaba observar qué forma tenían los hombres que iban dentro. Herrera recuerda los puños en alto: «Había hostilidad. No contra mí, no era nada personal. Era hostilidad contra el Gobierno». Algunos de los que circundaban los vehículos se acercaban y golpeaban, con sus palmas, el latón; otros alcanzaban las ventanas. La gente hacía mucho ruido, pero el ministro no oía nada pues las ventanas, por orden de su seguridad, permanecían cerradas; el ministro no sentía nada salvo el imperceptible vaivén del vehículo y la fuerza de su respiración. Eso sí, a través del cristal, notaba como las personas arrugaban la nariz y abrían las bocas como lo hacen los peces de río cuando, arrancados de su hábitat acuático, les falta el oxígeno.

Los pobladores sentían que el Gobierno había atacado su panal; entonces, como las abejas, los andahuailinos decidieron perseguir y picar a los que vieron como los infractores”

En el auditorio del hospital de la ciudad, Carlos Herrera, Miguel Caillaux, José de Echave y cientos de otras personas esperan la redacción del acta, pues ya se han acordado los puntos. Herrera se aburre; se pone de pie y decide salir del lugar y tomar aire fresco, estirar las piernas, estar activo. Desde que llegó a Andahuaylas, el ministro no ha bebido más que unos sorbitos de agua en el comedor del local, ubicado en el centro de la ciudad. De pronto, recuerda que en los bolsillos interiores de su chaqueta lleva unos frasquitos, unos concentrados de alimentos. Una reportera interrumpe su frugal almuerzo. «Creo que era de Panamericana o RPP», rememora el ministro.

Hizo bien el ministro en esquivar las balas que la reportera disparaba en cada pregunta. El acta seguía sin aparecer, de modo que cualquier comentario podría convertirse en la chispa que encendiera la mecha (hecho que al final sucedió, pues el fuego que evitaban producir ya existía aunque no en forma de chispa, sino de una flama invisible difícil de percibir. Era como la fuerza de la gravedad: sabemos que existe no porque la hayamos visto sino por sus efectos en la materia. Para ser más precisos, Herrera y los otros funcionarios tenían la certeza de que sus comentarios podían ser usados no como chispas, sino leña que avivara el fuego).

La reportera se rindió y, entonces, Herrera, para evitar otra posible interceptación, subió a uno de los vehículos oficiales en los que había llegado al pueblo. Tiró la nuca hacia atrás y cerró los ojos, inhaló todo el aire que pudo. Estuvo en un estado de plena calma solo un instante pues, de repente, un hombre ingresó al vehículo, y luego otro, como un ñu en estampida. El primero le ordenó al ministro agachar la cabeza y protegérsela. Era un miembro de seguridad del Ministerio de Energía y Minas. El otro que entró, como flecha, a la camioneta era un hombre de prensa que, como un perro que siente que un sismo está al caer mucho antes de que el oído humano lo note, olfateó lo riesgoso que se había tornado la situación y decidió actuar. «Caillaux, el ministro de Agricultura, dio la orden de abandonar cuanto antes el lugar», nos cuenta Herrera Descalzi, el exministro de Energía y Minas.

El acta —«Acta de compromisos formales. Problemática minera de las provincias de Andahuaylas y Chincheros con la comisión de alto nivel  y autoridades regionales y locales»—, dice convencido ahora Herrera, fue demorada para permitir que un contingente llegara al auditorio. Traían consigo hondas, varas y piedras. Quien no pudo abordar ninguno de los vehículos oficiales a tiempo fue José de Echave, el viceministro del Ambiente.

— Entonces, no firmaron el acta.

—No, no lo hicimos. Pero es que tampoco había intención de no firmarla o desconocerla. Entonces se abrieron los portones. Vimos un grupo de policías en la parte externa. La camioneta avanzó, pero luego se detuvo pues la gente nos cerró el paso. Retrocedimos, tomamos otro camino, una bocacalle tras otra, y otra vez más gente nos impedía el paso. He alcanzado a oír las ondas. Estaba todo sincronizado, definido…

Cercado por ese enjambre de personas, Herrera Descalzi temió lo peor. Los pobladores sentían que el Gobierno había atacado su panal; entonces, como las abejas, los andahuailinos decidieron perseguir y picar a los que vieron como los infractores: el ministro y los suyos. No había forma de librarse de los aguijones de los pobladores a menos que decidieran arrollar a las personas. De pronto, y esta es una imagen de mármol que guarda en su cofre de recuerdos el exministro, un policía dio la orden de empujar a las personas que impedían que la camioneta en la que iba el funcionario avanzara. Apoyados en sus escudos, como legionarios romanos, desplazaron, poco a poco, a la multitud, evitando, de ese modo, un posible progromo. «Me dio pena porque, por nuestra seguridad, por nuestra integridad física, y podría haber sido por nuestra propia vida, ellos, hombres y mujeres, arriesgaban las suyas».

Lograron abandonar el lugar. Las abejas seguían revoloteando.

Esperamos al viceministro del Ambiente en el aeropuerto, pero no llegaba. No podíamos perder el vuelo. La Policía nos advirtió que debíamos abordar el avión ya, pues no iba a esperar demasiado; además, habían detectado que mucha gente de la zona rural descendía hacia el aeropuerto. Eran personas que podían impedir que el avión despegase. Y eso sería catastrófico pues podría haberse producido un enfrentamiento. Dejamos al viceministro del Ambiente, pero sabíamos que él tenía amigos en la zona.

En Lima, el ministro averiguó que los escudos con los que la Policía había logrado salvarlos de la posible golpiza de sus vidas eran de mala calidad. «No resistían el impacto de una piedra».

***

Pedro Sánchez Gamarra es un hombre alto y delgado. Fue uno de los alfiles del tablero con el que Alan García Pérez gobernó, por segunda vez, nuestro país. Pedro Sánchez, como elephas maximus en el Ministerio de Energía y Minas, reemplazó a Juan Valdivia Romero en el 2008. Tambaleó en el cargo. No obstante, llegó hasta el final, aunque no sin que le encajaran alguno que otro golpe.

– Diría que, durante su gestión, su caso más emblemático fue Tía María.

– Doe Run, pero eso no es comunidad.

– Otro sería Santa Ana, en Puno, ¿verdad?

– Sí.

– ¿El problema en Espinar y Xstrata?

– También.

– ¿Inambari?

– Sí, también ¡Yo tuve todos!

– Durante su gestión, el señor Felipe Ramírez aprobó el EIA de Conga.

– ¡Ah, sí!

Víctor Caballero Martín, otrora jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, en un comunicado de agosto del 2011, afirmó que durante el segundo gobierno de Alan García, casi doscientas personas perdieron la vida en este tipo de enfrentamientos de pobladores contra policías y militares.  En el 2009, los conflictos sociales llegaron a su punto más alto durante la administración de García: se contabilizaron sesenta y seis muertes. Huelga recordar que fue el año del «baguazo», en el que nativos de la verde Bagua (provincia de Amazonas) con lanzas, arcos y flechas, y policías se enredaron en una lucha trágica en un tramo de la carretera conocida como la Curva del Diablo. Los pobladores de Bagua se oponían a decretos legislativos relacionados con la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos que el ejecutivo había promulgado, un problema nada vinculado con la minería más sí con posibles futuras hidroeléctricas. Los bagüinos rechazaron las llamadas «leyes de la Selva» porque, a  sus ojos, amenazaban la ecología local. La carnicería dejó veintitrés policías y diez civiles muertos y un desaparecido: el mayor PNP Felipe Bazán Soles. Pedro Sánchez Gamarra ya era ministro  de Energía y Minas cuando acontecieron estos hechos, pero los dardos no fueron dirigidos hacia él, sino hacia el líder del partido aprista. Por lo que sí salió debilitado fue por las violentas protestas de comunidades aimaras en Puno —que dejaron al menos cinco muertos— que causaron la cancelación del proyecto argentífero Santa Ana. Era el ministro de Energía y Minas. Lo era también cuando los representantes de los pobladores de Carabaya y el Ejecutivo tomaron la decisión de suspender la construcción de la hidroeléctrica de Inambari.

Pedro Sánchez seguía siendo el más alto cargo del MEM cuando los habitantes de Espinar se levantaron en protesta de un proyecto minero del coloso suizo Xstrata. Contra todo pronóstico, siguió manteniéndose firme en el cargo cuando un grupo de islaínos  se opuso a que Southern Copper desviara agua de sus ríos para redirigirla a su proyecto de cobre Tía María, no muy lejos de la costa arequipeña. Claro, la presencia de Pedro Sánchez también fue notoria cuando se aprobó el megaproyecto Las Bambas, cuyo mayor requisito para llevarla a cabo fue reubicar todo un pueblo escondido entre Cotabambas y Grau, en Apurímac. Asistió también, en un helicóptero de las Fuerzas Armadas y junto al presidente de la República, a la ceremonia de inauguración, aguas arriba del río Cañete, de la hidroeléctrica El Platanal, de los Rizo-Patrón, y se mostró a la prensa, detrás de la espalda acorazada de Alan García, durante el estreno de la primera planta de licuefacción de gas natural de Sudamérica, Melchorita. Sí, Pedro Sánchez tuvo todos.

Lo que hicieron fue boicotear las negociaciones pues nunca designaban miembros para esa comisión. Esto duró meses».

«Normalmente, para que este tipo de proyectos salgan bien es vital la labor proactiva que tome la empresa y el nivel de confianza que logre establecer en ese proceso de negociación. Es decir, que la empresa esté dispuesta a escuchar, a asumir inversiones, gastos y, lo más importante, que cumpla con su palabra. Creo que esos son los elementos con los que se empieza bien una negociación con las comunidades— expresa Sánchez, sentado en uno de los extremos de la mesa de reuniones de la consultora que comanda, de espaldas a la ventana que da a la calle, desde las que se otea los carteles de publicidad en los edificios adyacentes y el cielo gris».

A Pedro Sánchez le brillan los ojos cuando habla de Las Bambas. Cuenta que a la audiencia para aprobar o rechazar el estudio de impacto ambiental asistieron seis mil personas. Da la sensación de que este proyecto de cobre es para Sánchez como el hijo mimado que nunca causa un disgusto. Pedro Sánchez también tiene el ego elevado, pero elevado de un modo que no cae antipático. Durante su gestión como ministro del Minem, afirma haber logrado inversiones para el país «por catorce mil millones de dólares: mil ochocientos metros de líneas de transmisión de quinientos kilovoltios, mil doscientos kilómetros en doscientos veinte; ochocientos megavatios de reserva fría, mil doscientos megavatios de hidroeléctricas nuevas, ciento ochenta de energía eólica, ciento veinte de energía solar, ciclos combinados por quinientos megavatios. Antes de irme, dejé listo Conga, la ampliación del gasoducto de TGP, el Gasoducto Andino del Sur». Pedro Sánchez, aquí, hace una pausa. Conseguir el EIA del gasoducto le tomó dos años. Lo crítico de este proyecto, afirma el exministro de García, fue evitar dañar los alrededor de ochocientos kilómetros de bofedales que se extienden desde Arequipa hasta Cusco. «En algunas partes, el recorrido del gasoducto estaba muy próximo a alguna laguna. Los pobladores, en las audiencias, nos transmitían sus temores. De modo que había que hacer ajustes. ¡El estudio del gasoducto tiene dieciséis tomos!»

La piedra en el zapato de Pedro Sánchez siempre será Tía María. Todo gira en torno al agua. El proyecto, recuerda el exfuncionario, consistía en cavar pozos en el valle del río Tambo. Desde estos agujeros se bombearía el agua del subsuelo a la mina de cobre.

– El valle del río Tambo no es de campesinos. Es de gente que tiene capacidad económica. Son agricultores cuyos hijos estudian en Europa.

– ¿Con estas personas negociaba?

– Eh…no, no. Ellos nunca aparecían en la negociación. Los que asistían era un grupo de dirigentes.

– ¿Me está queriendo decir que los pudientes estaban detrás de las protestas en contra de Tía María?

– Bueno, los que iban a las marchas no eran los agricultores, los dueños, sino los peones. ¿Usted ubica Cerro Verde? Cerro Verde está  a la misma distancia del río Chili que Tía María del Tambo. Entonces tenemos esta figura: en un caso, el proyecto minero fue aprobado sin ningún problema y en el otro no.

Pedro Sánchez, en ese momento, hace más de dos años, al darse cuenta que no podía ir contra la corriente, le exige a Southern cambiar su plan. Prácticamente, obligó a la empresa a que en lugar de usar agua del subsuelo, desalinizara el agua del mar.

– ¿La empresa lo aceptó?

– Sí, a medias.

– ¿Qué parte no aceptó?

– Bueno, a pesar de que el tema había sido ya discutido, algunos miembros de la empresa salieron en un medio hablando del agua subterránea. Eso quería decir que no estaban tomando muy en serio el tema.

Actualmente, Southern trabaja en un nuevo EIA para su yacimiento Tía María, suspendido desde el 2011 y cuyo futuro se decidirá en el segundo semestre de este año. Cuando el exministro de Energía y Minas Pedro Sánchez era «el» ministro de Energía y Minas se le ocurrió instalar, en las negociaciones con las comunidades de Islay, una mesa técnica. Esto lo hizo después de pedirle a la minera cambiar su plan. «Iban a las audiencias representantes de las comunidades con muchos elementos técnicos, entonces dijimos: hagamos una audiencia muy técnica —cuenta—. Lo propusimos, lo aceptaron…pero nunca nombraban a sus representantes. Lo que hicieron fue boicotear las negociaciones pues nunca designaban miembros para esa comisión. Esto duró meses».

Sánchez optó por un mecanismo legal de medidas alternativas: «Cuando no se puede realizar una audiencia pública, la ley establece que pueden idearse otros mecanismos de comunicación». La parte técnica del agua ya estaba enterrada: se iba a desalinizar.

En noviembre del 2010, las protestas contra Tía María llegaban a su momento álgido. Pedro Sánchez, entonces, contactó con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con un equipo de expertos internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por su sigla en inglés) y les pidió que evaluaran el EIA del proyecto de Southern. En un informe escrito por Milagros Salazar de IDL-Reporteros se argumentó que en el convenio firmado entra Unops y el Minem nunca se acordó revisar el EIA de Tía María. Se acordó, dice la investigación, «el pago a Unops» que ascendía a seis millones de dólares «por la revisión de cien estudios ambientales del sector minero y energético a lo largo de un año» y la implementación de un sistema de procedimientos, protocolos y otros. Sin embargo, lo  cierto es que al final los de Unops no concluyeron su trabajo pues en marzo del 2011, se anunció la suspensión del convenio entre el Gobierno y la entidad internacional. Aun así, Unops ya tenía casi listo su análisis sobre Tía María, uno altamente crítico.

– Justamente para mejorar la calidad de los estudios de impacto ambiental, hicimos un convenio con PNUD— expresa  Sánchez.

– De seis millones de dólares.

– Sí, pero nunca llegamos a aplicarlos.

– Pero, según IDL, ustedes se tiraron para atrás.

– El estudio que iban a evaluar ellos (PNUD) era ese (Tía María) justamente. El evaluador nos alcanzó observaciones (138 observaciones) al estudio de impacto ambiental. Esto nos fue entregado, electrónicamente, a la una de la mañana (16 de marzo del 2011). A las siete de la mañana, los noticieros de Cocachacra, en la provincia de Islay, estaban leyendo las observaciones. ¡A las siete de la mañana! Y nosotros volvimos a recibir el informe, que se suponía confidencial, recién a las nueve de la mañana de ese mismo día. Imagínese cómo se presentaban las observaciones: fuera de contexto se percibían como una cosa irregular.

– Y allí se rompió definitivamente su relación con el PNUD.

– ¡Oiga, y que esperaba que hiciera! Ese día, 16 de marzo, las protestas recrudecieron en Islay.

– ¿Diría usted que Tía María es una de sus frustraciones?

– Trabajé mucho en ello. Por estos meses ya estaría en operación.

***

La biblioteca de Jaime Quijandría Salmón se encuentra a la mano derecha de la entrada principal de su casa. En aquella hay una edición muy grande de la DIVINA COMEDIA. «¿Tiene los grabados de Gustave Doré?», pregunto. «Sí, sí los tiene», responde y, con la mano, me indica que me siente en uno de los muebles. Quijandría se sienta a mi lado.

—Bueno, yo diría que el caso más difícil fue Tambogrande—inicia,  el exministro de Energía y Minas y exministro de Economía y Finanzas durante la administración de Alejandro Toledo, del 2001 al 2004.

El distrito de Tambogrande es conocido por su constante e importante producción de limones y mangos. Pero bajo sus tierras hay plata, zinc y oro. Y eso lo sabían Centromín Perú y Compañía Minera Manhattan Corp., motivo por el cual, en 1999, firmaron un acuerdo para ejecutar ese proyecto: Tambogrande. La empresa norteamericana afirmó que si la población rechazaba el proyecto, entonces no habría tal. El EIA que presentó la empresa a una población en su mayor parte castellanizada estaba escrito en inglés. Además, el estudio tenía muchos vacíos, según lo dijeron diversos especialistas. Así y todo, en noviembre del año 2003 se programaron las audiencias públicas. Los lugareños de Tambogrande no acudieron y marcharon por las calles de Piura, expresando su rechazo al proyecto. Luego, en diciembre de ese mismo año, Centromín rompió palitos con la minera canadiense porque esta última, que debía acreditar un patrimonio neto de cien millones de dólares y una capacidad de tratamiento superior a las diez mil toneladas diarias, no lo consiguió. Las movilizaciones se detuvieron, pero Manhattan no se fue. La empresa despidió a su presidente ejecutivo, Graham Glow, y buscó, desesperadamente, convencer al Gobierno de recomenzar con las negociaciones, intento que fracasó.

Este fue el primer caso de consulta previa. Votaron mayoritariamente en contra del proyecto que hasta ahora no camina—.

Tal vez, el error fue haberle concedido el proyecto a una empresa pequeña. También hay que decir que la estrategia que se organizó en contra, en la cual trabajaron publicistas conocidos y no necesariamente antimineros, fue muy bien articulada. Pero, más bien, la compañía que estaba a cargo del proyecto no tuvo la capacidad de organizar una estrategia de comunicación de ganar credibilidad frente a la población.

– Cuando visitaron la zona, ¿ya había una atmósfera negativa frente a usted?

– Sí, claro, casi nos linchan. Y daba la casualidad de que mi hermano (Álvaro Quijandría, fallecido en el 2005)  era ministro de Agricultura (de julio del 2001 al 26 de julio del 2003). Imaginaron que nos íbamos a trompear. Estuvimos todo el día negociando pero no llegamos a nada. Fue un día de mucho enfrentamiento.

– ¿Era un proyecto destinado a fracasar?

– No, no, no destinado a fracasar sino que había que llevarlo muy bien.

Durante su gestión, Quijandría también tuvo que fajarse con todo Arequipa cuando se anunció el proceso de privatización de Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa y Empresa de Generación Eléctrica del Sur. «En la medida que liberemos al Estado de ciertas cargas, estaremos en capacidad de atender otras cosas», subrayó a La República el 12 de mayo del 2002. Al final, Quijandría tuvo que desistir pues Alejandro Toledo abandonó el proyecto. El «arequipazo» fue un duro golpe para el Gobierno de entonces pues significo la caída de muchos de sus mejores soldados.  Su ministro de Interior, Fernando Rospigliosi, el viceministro de Justicia, Pedro Cateriano, y el director del organismo encargado de la privatización, Ricardo Vega Llona, dimitieron pues no estaban de acuerdo con la decisión del Gobierno de dejar en suspenso la privatización de Egasa y Egesur. Quijandría, en gran medida, con sus pros y sus contras, fue el que más empujó el carro de Camisea. Durante su gestión como ministro de Energía y Minas, en agosto del 2004, se abrieron las válvulas del gasoducto, que empieza en Las Malvinas, enclavada entre el follaje, en el Cusco, en la ribera del río Urubamba, y llega hasta la costa peruana.

– ¿Usted es peruano o no? – pregunta Quijandría

– Sí, ¿acaso no parece?

– Me sorprende que no conozca lo de Arequipa— me regaña Quijandría y se pone de pie. Se acerca a uno de los anaqueles de su biblioteca y extrae un libro cuya portada es de color azul y en ella hay una foto que no alcanzo a distinguir. Tampoco alcanzo a leer el título del volumen.

– La gente salía a las calles. En Arequipa estuvimos, prácticamente, metidos en trincheras. Finalmente, el presidente (Alejandro Toledo) decidió detener el proceso (de privatización de Egasa y Egesur).

Me pongo de pie, inmediatamente Quijandría hace lo mismo. Le doy las gracias. «No, encantado», responde Quijandría. «Lo acompaño hasta la puerta».