LA LEY DEL MÁS FUERTE

LA LEY DEL MÁS FUERTE

En términos generales, el Perú es considerado un país competitivo en la industria minera mundial, pero si se hace una revisión minuciosa y comparativa se evidencia que hay mucho por mejorar.

Por Hafid Cokchi Chumbile

Ilustración: Carlos Navas

Bajo la óptica minera, la competitividad es una suma de características y factores que determinan la inyección de inversiones a un país. Esa competencia no sabe de fronteras, geopolítica, ni de ideologías, es como un certamen en el que cada país se esmera por mostrar todo su potencial y ventajas para convencer a un estricto jurado integrado por inversores de distintos credos.

En este concurso, algunos de los atributos más valorados son la estabilidad jurídica, el potencial geológico, la infraestructura, la conflictividad, los precios internacionales, en una no muy extensa lista. Es una contienda permanente porque los capitales vuelan alrededor del mundo buscando oportunidades y las plazas mineras siempre están ávidas de atraerlos, optimizando sus regulaciones y promocionando sus riquezas.

En esta competencia, el Perú tiene un brillo especial gracias a su tradición minera y, sobre todo, a su probada y conocida riqueza mineral pero eso, como se ha visto en los últimos años, no alcanza para catapultar las iniciativas.

Curiosamente, Ecuador, donde aún no se han levantado grandes operaciones mineras, ha sido considerado como el mejor país en desarrollo minero en los Annual Outstanding Achievement Awards entregados a inicios de octubre.

El reconocimiento obtenido por el vecino país fue en virtud al “riguroso plan de incentivos fiscales” que ha emprendido para lograr una inversión de US$ 4600 millones en los próximos cuatro años, básicamente con tres proyectos: Mirador, Fruta del Norte y Río Blanco, entre otros.

En los últimos tres años, el Gobierno ecuatoriano junto a la consultora Mackenzie Investments han trabajado en un nuevo esquema para el acuerdo de estabilidad fiscal, los reembolsos del Impuesto al Valor Agregado y en las opciones para recuperar inversiones antes del cobro de tributos. El fruto de ese trabajo busca potenciar la competitividad ecuatoriana con miras a consolidar una industria minera tan desarrollada y fundamental como lo han logrado en el sector hidrocarburos.

Una gran despensa

El centro de investigación canadiense Fraser Institute consideró, en base a un estudio presentado en marzo pasado, que el Perú es la “jurisdicción” más atractiva para la inversión minera a nivel Latinoamérica y la situó en el puesto 28 de las 105 plazas que evaluó.

El “Índice de Atractivo” elaborado por Fraser considera básicamente dos aspectos: la percepción política (40%) y el potencial minero (60%). En el segundo punto no hay lugar a discusión: el Perú, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), tiene las mayores reservas mineras de la región.

De acuerdo a un reporte del ministerio, basado en las estadísticas del U.S. Geological Survey, en el territorio peruano se encuentran las reservas más grandes de oro de Latinoamérica aunque a nivel mundial son las sextas. Australia, con 9100 toneladas métricas (TM), Rusia (8000 TM) y el continente africano (6000 TM) son los territorios que tienen la mayor cantidad del metal dorado en su suelo.

En el cobre, el Perú tiene la segunda reserva más grande del vecindario y es la tercera más importante del mundo. Pero el liderazgo de Chile en este nicho es superlativo: sus reservas son las más grandes del mundo (210 millones de toneladas métricas reportadas en el 2015) y prácticamente duplican a las que tiene el Perú.

Pero en la plata, el Perú tiene la reserva más grande del mundo con 570 mil TM, y le sigue Australia, Polonia, Chile y China. Mientras que en el zinc asume el liderazgo a nivel de la región y en el mundo ocupa el tercer lugar.

En una columna publicada a inicios de año, Marita Chappuis, exdirectora general de Minería, señaló que no todo es maravilloso respecto al potencial geológico. Según la especialista, las leyes de las reservas de cobre peruanas (porcentaje de contenido metálico por cada tonelada de material extraído) son menores a las de “otros nueve” países productores del metal rojo.

Ante esto, Chappois aseveró que con el desarrollo de megaproyectos se puede compensar esa desventaja aunque, reconoció, ese tipo de iniciativas demandan gigantescos montos de capital.

“De nada nos sirve una cordillera supuestamente rica en minerales si estos no son descubiertos y si su potencial económico no es determinado”, apuntó Claudio Ferrero, socio del área de Recursos Naturales y Medio Ambiente del estudio Rodrigo, Elías & Medrano, en un artículo difundido en mayo pasado.

Lo señalado por el abogado es repetido en los foros y congresos mineros en los que se discute la problemática del sector. El oro, la plata y el cobre bajo tierra no valen nada, pero una vez extraídos generan una cadena de valor que produce empleos e ingentes recursos económicos.

Es necesario, por ello, impulsar los proyectos de exploración que permitan identificar las minas que inyectarán más producción e inversiones. Afortunadamente, en agosto pasado, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), informó que de enero a mayo las exploraciones sumaron US$ 153 millones, lo que representó un “despegue” al crecer un 22% en el comparativo interanual. De esta forma se rompió una tendencia a la baja que se prolongó por tres años consecutivos.

Este repunte respondió básicamente a la mejora de los precios de los metales, especialmente el cobre, y no tanto así a esfuerzos por facilitar la ejecución de las campañas de exploración.

Aunque el Minem viene cocinando a fuego lento un nuevo reglamento ambiental para la exploración minera que debería ser promulgado antes que acabe el año. Si el reglamento –que no ha estado exento de críticas- cumple con su finalidad de simplificar y acelerar trámites y gestiones, se habrá mejorado una arista de la competitividad, pero esa figura geométrica tiene muchos lados más.

En opinión de Víctor Gobitz, actual presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), además de la riqueza geológica, reflejada en yacimientos mineros de “calidad mundial”, la minería peruana tiene proveedores y contratistas con capacidad de brindar “servicios especializados”, mano de obra, técnicos y profesionales con experiencia y capacidad, y una oferta de energía abundante y a precios convenientes.

Salvo el último factor, las ventajas que menciona Gobitz han sido el fruto del auge minero impulsado por el ciclo de altos precios de los metales, que culminó hace unos tres años.

Empero, el líder gremial reconoce que los “excesivos trámites y regulaciones administrativas”, entre otros factores, son elementos que restan competitividad a la industria minera local. De estos escollos se habla hace más de un lustro y diversos analistas consideran que el Estado ha ido como un cangrejo en su esfuerzo por ordenar el rubro.

Una estructura enmarañada

La ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, ha destacado la competitividad minera del país alcanzada en la producción de cobre, que a nivel local tiene un grado de costos hasta un 20% menor que en plazas como Chile, Australia y Canadá. Eso sí, reconoció que se necesita mejorar la regulación aplicada a esa industria para hacerla “más predecible”, sin  dejar de alinearla con los “estándares internacionales”.

Han sido diversos los cambios producidos en la regulación y fiscalización de la industria minera y esto se refleja en las diversas instituciones y oficinas creadas para tal finalidad.

Hace nueve años, la fiscalización estaba a cargo del organismo regulador, el Osinergmin, y de la Dirección General de Minería (DGM) del Minem. Pero todo cambió desde el 2008 cuando se creó el Ministerio del Ambiente (Minam), siguiendo una corriente mundial orientada a una mayor preocupación por el cuidado del planeta.

Así, se dio el nacimiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Minam, que actualmente es percibido por buena parte del empresariado minero como una entidad enfocada en emitir sanciones antes que prevenirlas.

A su vez, el OEFA ha señalado que de cada 100 supervisiones que realiza, no más de dos terminan con una multa. Lo cierto es que la relación entre la institución y las mineras es respetuosa pero tensa.

Las oficinas en las que se deben gestionar permisos y licencias para desarrollar un proyecto minero están en diversos sectores: para la aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA) detallados y semidetallados se ha creado el Senace; si la iniciativa afecta algún cuerpo de agua, como un río o laguna, debe intervenir la Autoridad Nacional del Agua; si su ubicación es cerca o dentro de algún área protegida, el Sernanp debe pronunciarse; y si el yacimiento está cerca de zonas donde se hayan realizado hallazgos arqueológicos,  es el Ministerio de Cultura quien debe dar luz verde.

Antes del 2008, la supervisión y fiscalización de la actividad minera era responsabilidad únicamente del regulador, el Osinergmin, y la mayoría de trámites se realizaba en la Dirección General de Minería (DGM) del Minem. Hoy en día al Osinergmin se le ha dejado la labor de supervisar aspectos de seguridad y salud minera, aunque en esto comparte responsabilidad con el Ministerio de Trabajo.

Cada una de las oficinas mencionadas tiene sus normas, procesos, trámites y plazos. Ello se refleja en una mayor complejidad a la hora de sacar adelante los proyectos. Para diversos analistas este entramado de instituciones y normas, a la larga, ha restado competitividad y atractivo al país.

A pesar de ello, el Banco Mundial considera que el marco regulatorio para la inversión minera y las tasas tributarias que ofrece el Perú son mejores que las del Congo, China, Brasil y Argentina. Así lo anotó Chappois, quien sostiene que el Perú no ha sido una de las plazas mineras más atractivas del mundo y que en los últimos años ha perdido más competitividad.

Para Chappois es necesario lograr que las instituciones sean más eficientes, que los funcionarios “en los niveles decisorios” tengan mayor preparación técnica, que los procedimientos tengan mayor claridad y –por ende- menores plazos.

La minería peruana está normada por cuatro leyes, nueve decretos supremos, seis resoluciones ministeriales y una viceministerial. En contraparte, en Chile se rige por cuatro leyes y cuatro decretos supremos.

También hay aspectos en los que todo el vecindario tiene que mejorar y esto lo anota la consultora EY con su estudio “Una mirada a la carga tributaria en la región”, el cual demostró que las cargas fiscales que debe asumir la actividad minera en la región son “sumamente altas”. Además señala que el componente más importante de esa recaudación está constituido por los tributos que gravan las ganancias y rentas.

Otra materia a revisar y mejorar lo señala Víctor Gobitz al referirse a los procesos de adquisición o alquiler de terrenos superficiales para desarrollar proyectos, los cuales en la mayoría de casos pertenecen a comunidades campesinas.

“La principal incertidumbre está en los plazos y costos de la negociación. Para reducir la incertidumbre e incrementar la predictibilidad, debería desarrollarse una base de datos que contenga información de las transacciones realizadas, de manera que su libre acceso permita que todos los interesados modulen sus expectativas”, señala Gobitz.

Este es sólo un ejemplo más de la numerosa lista de aspectos a mejorar en la normativa y en la forma cómo se aplica en la minería y ese trabajo se extiende a un plazo mayor al que dura una gestión presidencial

Gobitz pide mayor articulación entre el sector público y privado para resolver los escollos, pero su pedido no es nuevo y hasta ahora no ha tenido eco con medidas concretas.

Del déficit de infraestructura se ha escrito y hablado mucho, pero es poco lo que se ha avanzado para reducirlo. Hay planes para construir una vía paralela a la Panamericana que recorra la sierra de norte a sur, y proyectos para modernizar puertos estratégicos (como los de Salaverry e Ilo) que permitirán aminorar los costos logísticos de la actividad minera. Pero todo ello aún es abstracto.

El aspecto social se ha convertido en un desafío para la minería mundial. Los casos de conflictos sociales que congelaron o desvirtuaron proyectos son diversos y suman varios miles de millones de dólares en frustradas ejecuciones.

El acompañamiento del Gobierno es indispensable para evitar conflictos y climas de tensión. Aunque aún no se aprecia un ejemplo concreto de ello,  sí hay estrategias como el Fondo de Adelanto Social y el joven Viceministerio de Gobernanza Territorial, cuyos frutos todavía son una interrogante pero que constituyen motivo de expectativa.

El verdadero reto en el plano social pasa por la aplicación de la consulta previa en futuros proyectos. Al día de hoy, este proceso de diálogo es visto con incertidumbre por el empresariado respecto de los plazos y costos que puede tomar la negociación.

Todos los países han tenido que afrontar desencuentros con comunidades aledañas a los proyectos de inversión. En concreto, el clima social y el marco regulatorio son piedras angulares en la competitividad minera de un país.

No hay nada nuevo bajo el cielo ni fuego que descubrir. Lo que se necesita es determinación política y eso se ha repetido muchas veces, sin que el mensaje haya tenido positivo efecto.

*Este informe apareció en la edición 58 de la revista Energiminas.

Autor: Hafid Cokchi (hcokchi@prensagrupo.com)