«No saben de lo que hablan»: mineros se manifiestan sobre nueva Ley General de Minería

LA NORMA TIENE UNOS 30 AÑOS DE VIGENCIA, Y AHORA EL EJECUTIVO TRABAJA EN SU AGGIORNAMENTO. ¿CONSERVARÁ SU ESPÍRITU PROMOTOR DE LAS INVERSIONES?

Nadie en la industria minera peruana tenía idea alguna de que el presidente Martín Vizcarra anunciaría el cambio de la Ley General de Minería, promulgada en 1992, durante su discurso a la nación por el 28 de Julio. “La minería es un sector sumamente importante para el Perú, sin embargo, la norma que la rige tiene cerca de treinta años de vigencia, y se hace necesario actualizarla para que se adecúe a nuestra realidad, brindando un marco legal claro a los inversionistas, y dando tranquilidad y desarrollo para todos”, manifestó el mandatario en su estructurado discurso en el Congreso de la República. “Por eso propondremos el proyecto para una nueva Ley General de Minería”, añadió Vizcarra Cornejo, para luego recibir tibios aplausos de una parte imposible de determinar de parlamentarios asistentes. El presidente lanzaba esta manzana dulce a diversos gobernadores que pedían el aggiornamento de  esta ley, sin sospechar que los cambios que anhelaban discutir no aparecen en la norma aprobada por Decreto Supremo Nº 014-92-EM.

¿Qué acababa de decir el presidente en el subtexto de su alocución, que la Ley de Minería debía ser modificada por antigua y por tanto obsoleta? El inesperado gancho de izquierda del mandatario mareó a la industria en general. ¿Cómo era posible que una norma que ha logrado atraer alrededor de US$65,000 millones en inversiones a un país salpicado de corrupción y frágil institucionalidad, y multiplicado por nueve las exportaciones mineras en los últimos veinte años, necesita ser reformulada? ¿Por qué anunciaba el cambio tras las protestas por el proyecto Tía María, en Arequipa? ¿Era el momento oportuno de hacerlo? ¿De verdad buscaba mejorarla? Y por último y acaso más importante aún: ¿son las concesiones mineras el verdadero problema de que los proyectos tengan problemas para despegar y que la riqueza que generan y reparten a las autoridades no llegue a los más pobres?

MINEROS

Estas dudas también se extendieron como el moho entre los representantes de los poderosos bancos de inversión, que señalan con su monetario dedo en qué invertir, en qué país creer y a quiénes ahogar en el subdesarrollo. Timma Tanners, del Bank of America Merrill Lynch, exteriorizó sus dudas al respecto a Tito Martins, CEO de la minera Nexa Resources, que cotiza sus papeles en la Bolsa de Valores de Nueva York. “¿Puedes comentar algo sobre los titulares llegados desde Perú sobre el cambio en la ley minera?”, preguntó Tanners el 1 de agosto a Tito Martins, quien no evadió la pregunta. El anuncio del presidente Vizcarra, admitió Martins, también lo sorprendió. “Y en la mitad de su discurso, sale con el potencial cambio en el código minero en Perú”. Según la apreciación de este ejecutivo, el país está “en una buena posición actualmente” en cuanto a atracción de inversión minera. “Muchos proyectos han sido ejecutados. Podemos decir que Perú es la nueva frontera  para el negocio minero alrededor del mundo”, respondió el CEO de Nexa. La Ley General de Minería -aseveró luego- es un buen instrumento, “pronegocios”. “He hablado con muchas personas aquí (en Perú) y todas tienen la misma opinión al respecto”, añadió.

La respuesta de Tito Martins es la más optimista de cuantas hemos recopilado para este informe. En realidad, por lo común la opinión de los involucrados en las más altas esferas de las mineras tiene cierto sabor a enfado. Víctor Góbitz, CEO de Compañía de Minas Buenaventura, sostiene que una nueva Ley General de Minería es “un error” debido a que el problema más urgente es repensar la regionalización. “La Ley General de Minería básicamente regula las concesiones mineras, y fuera de ella están los asuntos ambiental, social y de tributos, que es común para todas las industrias. ¿Qué me revela eso? Que no conocen la normativa minera, no conocen el sistema. Es solo una frase”.

Para Luis Rivera, vicepresidente para Las Américas de Gold Fields, este suceso solo añade más  incertidumbre a un mercado desde ya confuso y volátil con los tuits impulsivos del presidente Donald Trump y la escalada de la guerra comercial con China, que presionan a la baja el precio de los metales industriales y elevan el del oro, tradicional refugio de los inversionistas temerosos. “Cualquier cambio normativo en la Ley General de Minería, siendo el motor que hace caminar al país, va a poner nervioso a cualquier inversionista nacional o internacional. Es una preocupación inmensa”, manifestó el ejecutivo al respecto, y luego, como Góbitz, explicó que los cambios que le interesan a la población -tributos, normas ambientales y compromisos sociales- “no están en la Ley General de Minería. Están en otras normativas”.

Para Miguel Cardozo, conocido experto en exploraciones mineras, el pedido de modernización de la ley minera es “simplemente un chiste” y para otros, como el jubilado Carlos Gálvez, ahora presidente del comité organizador de Perumin 34, pura ignorancia: “Ley General de Minería en realidad no es lo que debería importar; lo que ellos quieren impactar es el impuesto a la renta y los tributos no tienen nada que ver con la Ley General de Minería; quieren revisar los permisos ambientales; eso tampoco está en la Ley General de Minería, y tampoco los asuntos sociales… Ni siquiera saben de lo que están hablando. Eso es lo que me calienta”.

NECESARIO CAMBIO

No obstante estas declaraciones de los CEO de las mineras, para el vocero de la bancada de izquierda Nuevo Perú, Richard Arce, en el debate de la nueva Ley General de Minería “hay temas complejos” como el impuesto a la renta.  “La depreciación anticipada es que las empresas recuperan durante los primeros años sus inversiones, con lo cual cargan al estado financiero, estado de pérdidas y ganancias como si fuera un gasto, y cuando corres los gastos no hay utilidad. Al no haber utilidad no hay impuesto a la renta, al no haber impuesto a la renta, no hay canon minero. En consecuencia, las regiones no reciben el beneficio que deberían estar recibiendo por la explotación de los recursos”, razonó en su momento el congresista para un medio televisivo.

Con todo, hay quienes lanzan argumentos burocráticos para el necesario cambio y modernización de la ley minera. Uno de ellos es el ex viceministro de Minas Rómulo Mucho, para quien el anuncio del presidente es una oportunidad de reducir los trámites, adecuar la norma a la realidad mundial y ganar competitividad. Mucho rememoró  que la actual Ley General de Minería, cuando entró en vigencia en 1992, señalaba que se necesitaban 20 a 30 permisos para iniciar un proyecto minero, pero ahora se requieren alrededor de 200.  “Es un trámite muy riguroso para ejecutar un proyecto minero, lo cual no dice que tampoco es perfecto, pero sí necesita unas mejoras en aspectos referidos al impacto ambiental y la licencia social”, declaró Mucho. Agregó que el cambio de la norma será bueno siempre y cuando mantenga su “espíritu promotor” de las inversiones.

En efecto, dada la noticia, lo que esperan en la industria es un cambio positivo. En esta batalla ideológica que se plasmará en leyes, los mineros pretenden acelerar la gestión de los trámites ambientales y el acceso a terrenos superficiales, y que los nuevos proyectos mineros puedan integrarse a los planes de desarrollo regional con participación de los gobernadores. La alteración de la ley minera “es una oportunidad de mejora”, conjeturó Manuel Fumagalli, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, siempre y cuando sea ventajosa para los capitales.

RECLAMOS DESDE EL SUR

En la otra vereda, la de los gobernadores regionales, las demandas por una remozada Ley General de Minería vienen acompañadas de un distintivo ya bastante difundido: la licencia social. “No hay fiscalización adecuada sobre la explotación de recursos naturales (…) la licencia social debe ser lo primero que se le debe exigir a una empresa minera legalmente”, espetó Juan Tonconi, gobernador de Tacna, una de las regiones a favor de la nueva ley.

Para el abogado Jaime Escobedo Sánchez, la licencia social, más que un término entendido como consulta o participación, debe ser un concepto equivalente a “aprobación continua o amplia aceptación”, de una comunidad local y sus grupos de interés, de un proyecto de inversión. Esto, necesariamente, debe ir más allá de un simple permiso formal, ligado a tareas y eventos específicos.

Pero esta no es la única propuesta. El mentado esquema legal también recoge algunas pretensiones para aminorar el período de titularidad de las concesiones mineras de 30 a 12 años. El economista Epifanio Baca, quien reveló su apoyo al cambio normativo, adjetivó de “muy laxas” las actuales causas de caducidad de las concesiones. “Prácticamente no los pueden tocar”, reprendió ante las interrogantes de un medio local, argumentando también que la cesión de una zona territorial se ha convertido en una “entrega automática sin requisitos técnicos”.

La letrada Xennia Forno tiene otra perspectiva del actual plazo de vigencia de las concesiones. “Una campaña de exploración que signifique la posibilidad de un estudio de factibilidad sólido y fiable para ver si se desarrolla un proyecto minero o no, toma 10 años. La construcción de una mina pequeña dura 2 años, y si es una mina grande, 4 a 6 años. A ello debemos sumar los 18 o 20 meses adicionales que demoran las autoridades para otorgar los permisos de exploración o aprobación del plan de minado. Sí, 30 años pueden sonar mucho, pero si es desagregada, se convierte en plazos que no se alcanzan nunca”, afirmó. A su vez, recordó que a partir del décimo año las empresas están obligadas a acreditar producción, inversión o a pagar penalidades. “No es que las concesiones se queden en poder de los titulares sin ninguna contribución al Estado”, manifestó.

Las contribuciones, pese a que no figuran en la actual Ley de Minería, son otras de las reclamaciones de los gobernadores regionales. Elmer Cáceres Llica, quien tiene las riendas de Arequipa hasta el 2022, anunció en julio la elaboración de un borrador de nueva ley en el que se predisponía acrecentar el pago del 80% de los impuestos a cargo de las empresas mineras.

El increíble Cáceres Llica, junto a otros gobernadores regionales, ha elaborado un  anteproyecto de Nueva Ley de Minería con más de 200 exigencias. Una de las más fantásticas es esta: “Considero que del valor neto de producción, o sea de las ganancias netas, del 100% que se llevan los empresarios, el 20% para ellos y el 80% debe quedarse para el pais. (…) También tenemos que controlar lo que se lleva la minería. Nadie controla cuánto realmente se llevan”, dijo el gobernador regional en la Ciudad Blanca, sin sonrojarse. Pero no solo ello, ya que en similar dirección camina el gobernador de Moquegua, Zenón Cuevas, quien expuso sus intenciones de aplicar un nuevo impuesto de 10% a las utilidades netas que generen las compañías dedicadas a la actividad extractiva.

REVOLUCIONARIA IDEA

Si bien aún no se conocen en su totalidad los cambios en la nueva Ley General de Minería, lo claro por lo pronto es la dirección que tomará y algunos contornos del futuro cuadro jurídico. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, señaló que la propuesta no admitirá que los gobiernos regionales tengan competencias para la fiscalización ambiental de los proyectos extractivos. “Sobre el tema de la fiscalización minera en manos de los gobiernos regionales, creemos que eso no va a ser parte de la propuesta que vamos a enviar. Nosotros estamos preparando una propuesta de nueva Ley de Minería que sea facilitadora de la minería”, sostuvo Oliva. “Lo que queremos es que los proyectos mineros sean más viables, si cabe la expresión”.

Empero, sostuvo el ministro que la norma es “antigua”, ha sido modificada en repetidas ocasiones y “no ha quedado clara”. Recordó que “se concesionó la montaña de los 7 colores en el Cusco, y eso es, claramente, un reflejo de que hay algo que está mal. No podemos estar concesionando ese tipo de patrimonio”. “Entonces, hay algunos ajustes”, concluyó.

Con todo, la revolucionaria idea del ministerio de Oliva es incluir en la norma un “plan de desarrollo territorial que pueda mapear las brechas que se tienen en las regiones y que permita tener compromisos para hacer obras”, así como se ha hecho antes con las medidas para cuantificar el impacto en el ambiente. Y añadió: “Creemos que esa es una herramienta que nos pueda dar esta, entre comillas, famosa licencia social que tanto se reclama”.

Pero para bien o para mal, el mundo seguirá su rumbo y consumiendo más y más metales industriales, y si no los consigue en el Perú lo hará en alguna otra parte del mundo (o acaso encuentre sustitutos más baratos o con mayores atributos). Una advertencia la dio Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas de Southern Copper, recientemente. Presagia, basado en serios proyectos de dos respetadas consultoras como CRU y Wood Mackenzie, que solo la demanda del cobre superará los 28 millones en el 2030 y los 30 millones en el 2040, empujado por la electromovilidad y las fuentes de energía renovables. Actualmente la necesidad de cobre planetaria bordea los 24 millones anualmente.

Sin embargo, para el ejecutivo de la minera de Grupo México, “con el clima institucional que tenemos a nivel nacional, y que no ha mejorado porque las elecciones son justamente un elemento que hace más difícil tomar decisiones empresariales, lo que podemos esperar es que si viene una mejora en los precios del cobre, posiblemente Perú va a dejar pasar la oportunidad. No va a tener las condiciones para desarrollar sus proyectos”.

Sostuvo el ejecutivo de Southern que los directorios de las grandes mineras aprueban proyectos y los bancos prestan capital cuando hay estabilidad, reglas claras y, por sobre todo, “un precio del cobre estimado en US$3.3 y US$3.5 la libra”. A estos niveles de cotización, especificó, “los directorios aprueban proyectos con la seguridad de obtener un retorno adecuado de las inversiones”. ¿Reconoceremos los buenos vientos cuando estos lleguen? Y más importante aún: ¿sacaremos algún provecho?

Autor: Jean Pierre Fernandez (jpfernandez@prensagrupo.com)